Proyecto de Ley de Presupuestos Generales

 

  • La reducción de 8.000 a 2.000 euros de la cuantía deducible perjudicará a millones de autónomos y trabajadores de pymes

  • Los instrumentos de previsión social complementaria permiten garantizarse una pensión de jubilación adecuada

 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos.

18 asociaciones empresariales y profesionales estiman que debe mantenerse el tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. Los firmantes de este manifiesto conjunto son ADECOSE, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, CECA, CEOE, CEPYME, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, FECOR, el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, INVERCO, OCOPEN, UNACC y UNESPA.

En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes.

En opinión de las entidades firmantes, la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión.

El ahorro individual para la jubilación es necesario por varias razones. La primera de ellas es la estructura del mercado laboral español. El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

El segundo motivo por el que la reforma que propone el Gobierno puede tener efectos indeseados es la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública.

Un tercer elemento que hay que tener presente es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.

La experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos.

Por último, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.

Nota al editor:

  • ADECOSE es la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros. Es una asociación independiente, fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros, y también de reaseguros desde 2020. En total, agrupa a más de 152 empresas líderes del sector de la mediación, cuyo común denominador es su estructura empresarial y capacidad profesional. ADECOSE aglutina una cuota de mercado dentro del canal de corredor del 68%, con un volumen total de primas intermediadas de 7.400 millones de euros.
  • AEB es la Asociación Española de Banca (AEB). Es una asociación patronal abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos instalados en España son miembros de la asociación. Ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del país desde su creación en 1977.
  • AEDAF es la Asociación Española de Asesores Fiscales. Fundada en 1967, es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.500 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas y titulados mercantiles y empresariales.
  • AMAEF es la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras. Está integrada por 28 operadores de banca seguros, 1 agencia exclusiva y 1 correduría de seguros pertenecientes a distintas entidades financieras (bancos, cajas rurales y entidades financieras de crédito), La suma del negocio mediado por las redes de las entidades de crédito representadas en AMAEF alcanza la cifra de más de 23.000 millones de euros, representando más del 94% del total del sector banca-seguros de España. Su objetivo, como organización representativa de la mediación banco-aseguradora, es actuar como interlocutor ante la Administración y otros actores de los sectores económicos y sociales cuando se tratan temas relacionados con la distribución de seguros y planes de pensiones.
  • ASCRI es la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión. Es el organismo que representa a la industria del venture capital & private equity ante las autoridades, Gobierno, instituciones, inversores, empresarios y medios de comunicación. ASCRI agrupa a más de 142 firmas nacionales e internacionales de venture capital & private equity; unos 80 proveedores de servicios y 14 socios inversores (limited partners); difunde y garantiza los estándares profesionales entre sus miembros: la transparencia, las mejores prácticas y el buen gobierno”.
  • ATA es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Actualmente es la mayor organización de este colectivo en España, con una representatividad acreditada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 54% del total de autónomos. ATA tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Su objetivo es la defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta propia y cuenta con una amplia gama de servicios para sus socios. Integra más de 300 organizaciones sectoriales, que en conjunto representan a más de 440.000 autónomos.
  • CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su obra y acción social y la sostenibilidad.
  • CEOE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Fue fundada en 1977 e integra con carácter voluntario a 3 millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de más de 4.500 asociaciones de base. La confederación integra de forma directa a 200 organizaciones territoriales y sectoriales a nivel autonómico y provincial. Se logra así que las empresas estén representadas por la doble vía del sector al que pertenecen y por el territorio en el que están ubicadas. CEOE representa a todo el espectro empresarial español (grandes, pequeñas y medianas empresas) y autónomos ante la sociedad, la Administración y los sindicatos.
  • CEPYME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es una organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo.
  • Confederación Española de Mutualidades es el órgano de representación de las mutualidades de previsión en España. Asocia a más de 200 entidades, que agrupan a más de 2 millones de personas y trabaja en beneficio del mutualismo desde 1947.
  • Consejo General de Mediadores de Seguros es la corporación de derecho público que aglutina a 52 colegios profesionales distribuidos por todo el territorio nacional y cuenta con más de 7.000 miembros. Forma parte de las principales organizaciones internacionales de profesionales del sector como son BIPAR (Europa), COPAPROSE (América) y WFii (mundial). Cuenta con una escuela de negocios, CECAS, exclusivamente dedicada a la formación aseguradora.
  • FECOR es la Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España. Se creó hace más de 20 años con el objetivo de reforzar profesional e institucionalmente la figura del corredor de seguros. La diversidad de las asociaciones miembros de FECOR otorga a esta organización un expertise que le hace capaz de apoyar a las diferentes tipologías de corredurías con independencia del tamaño y características de las mismas. La comunicación entre asociaciones, la interrelación de todos los miembros, así como la transmisión de conocimientos en gestión de riesgos, son la base de esta federación.
  • Instituto de Actuarios, como corporación oficial de derecho público, de carácter científico y profesional de ámbito estatal, tiene como misión la regulación, representación, defensa y fomento de la profesión actuarial, así como la colaboración con organismos y autoridades de carácter nacional e internacional.
  • Instituto de Estudios Económicos es una asociación privada sin ánimo de lucro ni finalidad política, que se financia fundamentalmente mediante aportaciones anuales de las empresas que se han incorporado a la misma como miembros asociados, junto a los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del instituto contribuyen también diversas ayudas concedidas por un conjunto de instituciones públicas y privadas para proyectos específicos de investigación o convenios de colaboración anual.
  • INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Agrupa a la práctica totalidad de las instituciones de inversión colectiva españolas (fondos y sociedades de inversión), a los fondos de pensiones españoles, y a las instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a efectos de su comercialización en España, así como a diversos miembros asociados.
  • OCOPEN es la Organización de Consultores de Pensiones. Es una asociación profesional, sin ánimo de lucro fundada en 1987, que aglutina a empresas y profesionales de consultoría de pensiones, gestoras de fondos de pensiones y aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la previsión social complementaria, aportando opiniones, recomendaciones y propuestas a las empresas, trabajadores, representantes sociales y responsables gubernamentales con el objetivo de fomentar el ahorro finalista para jubilación.
  • UNACC es la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Es la asociación más representativa del sector de las cooperativas de crédito en España. Constituida en 1970, reúne actualmente a 42 cooperativas de crédito y entre sus funciones está representar y defender los intereses generales de sus asociadas ante los organismos públicos e instituciones.
  • UNESPA es la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras. Integra a cerca de 200 entidades que reúnen aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales.